Comentario

La internacionalización de las guerras civiles de España y Portugal hay que explicarla en el contexto de la oleada revolucionaria de 1830.
La legitimidad de Isabel II fue reconocida por Francia e Inglaterra frente a la indefinición de Austria, Rusia y Prusia. Otros Estados menores, como Nápoles, Cerdeña o Piamonte reconocen a Don Carlos.

La necesidad de vincular la situación española y portuguesa llevaron a firmar la Cuádruple Alianza (abril de 1834) entre los gobiernos liberales de estos países con Inglaterra y Francia. El pacto resolvió el problema portugués, pero fue mucho menos efectivo para el caso español. Los cristinos en un primer momento sólo consiguieron el envío de las llamadas legiones extranjeras y otras ayudas menores. A éstas siguieron el apoyo naval inglés y el aprovisionamiento de armas. Con todo, la principal ayuda llegó a través de préstamos avalados por títulos de la Deuda que negociaron los sucesivos gobiernos.

Don Carlos, además de la protección política de Austria, Prusia y Rusia, tuvo un importante aporte económico así como envíos de hombres y armamento procedentes de los países que le habían reconocido oficialmente. Las ayudas, con todo, fueron insuficientes por lo que el Estado carlista tuvo que contraer empréstitos de banqueros privados. Estos dejaron de negociar con los carlistas en 1838, al mismo tiempo que las potencias legitimistas se alejaban del conflicto ante las malas perspectivas de triunfo.

Un aspecto de singular importancia es la actitud eclesiástica frente al liberalismo isabelino y viceversa. Esta situación no se resolvió hasta el Concordato de 1851, si bien parcialmente.

Los obispos, casi en su totalidad, mostraron su fidelidad a Isabel II en la crisis sucesoria. Sin embargo, desde el comienzo de la guerra y a lo largo de las regencias se creó una confusa situación entre el mundo eclesiástico y el Gobierno liberal.

Aunque los obispos y parte del clero urbano aceptaron en su mayoría el sistema liberal, el clero rural y muchos religiosos mostraron sus simpatías por el carlismo o incluso se alinearon en sus filas.

Gregorio XVI, en cuanto monarca de los Estados Pontificios, se encontraba en una delicada situación, pues debía frenar la propia insurrección liberal en su Estado y para ello era clave contar con el apoyo de Austria. Su actitud fue de una neutralidad interpretada como apoyo a Don Carlos.

El primer conflicto grave entre la Iglesia y el Gobierno español es la negativa (septiembre de 1833) del placet al nuevo nuncio L. Amat, del que se tenían noticias de sus simpatías con el carlismo. A éste siguen los inconvenientes del nombramiento de obispos y el Comisario de la Cruzada, la formación de una Junta para la reforma del clero que no era aceptada por la Santa Sede y la militancia de bastantes clérigos en el carlismo, algunos de los cuales fueron fusilados. Más tarde se sumó la impune matanza de frailes en Madrid en 1834, llevada a cabo por grupos incontrolados de ciudadanos que les creían causantes de la epidemia del cólera.

En 1835, las primeras leyes exclaustradoras y nuevos asesinatos de religiosos, entre los que iba creciendo la simpatía por el carlismo, crearon una tensión que se desbordó con la condena del Papa a la política anticlerical del Gobierno en 1836, a la que siguieron nuevos decretos de exclaustración y desamortización.

La Santa Sede rompió relaciones diplomáticas en 1837 con el Gobierno de Madrid y su representante fue expulsado en 1840.

La situación mejoró durante la Década Moderada, pero no se resolvió legalmente hasta que se llegó a un acuerdo en 1851.

El Concordato de 1851, base contractual de la Santa Sede y el Estado, después del conflicto provocado por la desamortización y las medidas intervencionistas en la jurisdicción eclesiástica de la etapa anterior, especialmente la exclaustración. En él se reconoce la religión católica como única de la nación española con exclusión de cualquier otro culto, se regula el pleito de la desamortización -reconocimiento por parte de la Iglesia de los hechos consumados y admisión por parte del Estado del derecho de la Iglesia de adquirir y poseer bienes. Las propiedades aún no desamortizadas serían devueltas a la Iglesia y ésta las vendería invirtiendo en títulos de la deuda su producto. Este Concordato estará vigente hasta 1931 -con excepción del bienio progresista y el sexenio revolucionario. Para resolver los problemas provocados por la política del Bienio 1854-1856, se firmó el convenio de 1857.